JUSTICIA

LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO:

Cuando algunos ciudadanos de izquierda nos manifestamos contra algunas sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, desde el Partido Popular tienen la desvergüenza de acusarnos de radicales y de atentar contra la democracia por faltar el respeto a uno de los pilares del Estado de Derecho como lo es la independencia del Poder Judicial.

No hacemos más que ejercer el derecho constitucional de la libre expresión y si alguno manifiesta sus querencias republicanas, debemos recordar sin equidistancias que el gobierno legítimo antes de la Guerra Civil era el republicano y que el franquismo nace de un golpe de Estado. La primer cuestión que llama la atención es que para el PP los radicales sean los republicanos y no los Falangistas o los miembros del sindicato vertical “Manos Limpias”; será porque comparten intereses y valores.

 

Pero quiero aclarar que, desde mi punto de vista, quienes más desprestigian al Poder Judicial son –con algunas de las sentencias y fallos que dictan- algunos de sus miembros cono el juez Luciano Varela o los miembros del Tribunal Constitucional que, tras más de tres años y medio de debate, aun no han reconocido la obvia constitucionalidad del Estatuto catalán en su integridad.

Cuando el juez Varela admite a trámite el recurso interpuesto por la defensa del juez Baltasar Garzón, está admitiendo implícitamente que ha realizado una asesoría jurídica a la Falange (a la que lo le ha quedado más remedio que expulsar de la acusación si no quería quedar más unido a su ideología) y a Manos Limpias (al punto que ésta se ha permitido plagiarle en uno de sus escritos) ¿y e esto no se lo denomina “prevaricación”?, ¿y esto no es atentar contra la imagen del Poder Judicial?

Y cuando algunos magistrados del Tribunal Constitucional adoptan sus posturas sobre la constitucionalidad del Estatut supuestamente sobre la base de la futura presidencia y dirección de ese alto Tribunal ¿tampoco lo están desprestigiando?

 

Es cierto que son los partidos políticos a través del Congreso los que están en deuda respecto a la renovación del Constitucional. No es menos cierto que es un Consejo General del Poder Judicial designado por ese Congreso y con la participación de esos partidos quien debe velar por la correcta actuación de todos los jueces incluidos los del Tribunal Supremo. También es cierto que los miembros de ambos Tribunales cuentan con una legitimidad de origen indiscutible desde el respeto al Estado de Derecho. Pero sería deseable que también se legitimaran en términos weberianos ante la sociedad civil, y afirmar esto no atenta en absoluto contra la democracia ni contra el Estado de Derecho.